
Al menos 19 personas murieron cuando el ejército de Venezuela atacó un campamento perteneciente al grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado fronterizo de Apure, según una ONG y una fuente cercana a la operación el domingo 1 de noviembre de 2026. El ataque contra el campamento del ELN en Venezuela, realizado en la madrugada del viernes 30 de octubre, ha planteado nuevas preguntas sobre el papel de Estados Unidos en la guerra fronteriza venezolana, después de que una fuente militar venezolana afirmara que la operación contó con el apoyo de la inteligencia estadounidense y fue ordenada desde Washington.
El ataque golpeó un campamento en Buena Vista del Meta, en el suroeste del estado Apure, muy cerca de la frontera con Colombia, en una zona rural y boscosa lejos de los centros poblados. FundaRedes, la ONG venezolana que vigila las violaciones de derechos en los estados fronterizos de Venezuela, informó primero de nueve muertos en el ataque de la madrugada. Su coordinador en Apure, Juan Francisco García, dijo después a AFP el domingo que otros 10 cuerpos habían sido trasladados a San Fernando, la capital del estado, al día siguiente del ataque, lo que eleva la cifra reportada a al menos 19.
Según los relatos recogidos por AFP y otros medios, el ataque comenzó al amanecer del viernes 30 de octubre. Drones y helicópteros de ataque sobrevolaron el campamento de Buena Vista del Meta y lanzaron bombas sobre un sitio ubicado en una zona boscosa, lejos de áreas habitadas y cerca de la frontera con Colombia. Una fuente militar venezolana, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la guerrilla fue tomada por sorpresa. "No tuvieron tiempo de reaccionar", afirmó la fuente, que añadió que la mayoría de los muertos eran ciudadanos venezolanos.
Un video difundido por FundaRedes mostró cuerpos en el suelo, árboles derribados y las ruinas de lo que parecía ser un campamento, según los reportes. Tras el ataque, los cuerpos fueron trasladados primero a la localidad de Puerto Páez, situada al otro lado de un río, antes de ser llevados a San Fernando de Apure para exámenes forenses. Habitantes de Puerto Páez también aportaron nombres y datos de identificación presuntamente hallados en el lugar, informó la emisora colombiana Blu Radio, pero las identidades de las víctimas no han sido confirmadas oficialmente.
Un número indeterminado de heridos habría cruzado a territorio colombiano, según los primeros relatos difundidos por Blu Radio. La activista venezolana de derechos humanos y experta en temas militares Rocío San Miguel también se refirió a los reportes del bombardeo del campamento del ELN en Buena Vista del Meta, lo que dio mayor circulación a la historia entre observadores venezolanos, aunque ningún comunicado militar oficial venezolano que confirmara la operación había sido publicado en el momento de los reportes.
La cronología importa. FundaRedes informó primero de nueve muertos el viernes. Solo el domingo, cuando García dijo a AFP que otros 10 cuerpos habían sido trasladados a San Fernando al día siguiente del ataque, la cifra subió a al menos 19. Ese conteo en dos etapas es habitual en operaciones remotas en la frontera, donde los primeros reportes llegan de residentes y monitores locales y las cifras más completas solo surgen cuando los cuerpos llegan a la morgue de una ciudad. Eso también significa que la cifra debe tratarse todavía como reportada, no como confirmada oficialmente, hasta que las autoridades venezolanas o forenses publiquen su propio recuento.
El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, es un grupo guerrillero colombiano que opera desde hace décadas a lo largo de la porosa frontera entre Colombia y Venezuela. Apure, un estado mayormente rural de llanuras, ríos y bosques en el suroeste de Venezuela, ha sido durante mucho tiempo una de las zonas donde los grupos armados colombianos mantienen campamentos, mueven suministros y reclutan, a menudo en áreas donde la presencia del Estado venezolano es escasa y la frontera misma es un río o un tramo de bosque más que una línea vigilada.
FundaRedes existe precisamente por esa realidad. La ONG vigila las violaciones de derechos en los estados fronterizos de Venezuela y documenta enfrentamientos, desplazamientos y abusos que rara vez aparecen en comunicados oficiales. Sus reportes sobre Apure han descrito repetidamente una región fronteriza donde grupos armados, comunidades locales y militares operan en estrecha y a menudo violenta proximidad, y donde los primeros recuentos confiables de víctimas suelen provenir de residentes y monitores locales más que de Caracas.
El ataque también llega en un momento de intensa tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Washington ha desplegado una gran presencia militar en el Caribe y frente a la costa venezolana en los últimos meses, ha atacado embarcaciones que, según dice, transportaban drogas, y ha presionado al gobierno interino venezolano por el narcotráfico y la migración. El liderazgo interino venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, ha acusado a su vez a Washington de buscar un cambio de régimen. En ese contexto, cualquier afirmación de participación directa de Estados Unidos en una operación militar venezolana dentro de Venezuela es políticamente explosiva, y por eso la afirmación de la fuente anónima merece atención y cautela a la vez.
También vale la pena señalar lo que los reportes no establecen. La fuente militar no aportó documentos, órdenes ni otras pruebas de la supuesta ayuda de la CIA y el FBI, y ni Washington ni Caracas la habían confirmado públicamente en el momento de los reportes. La afirmación se presenta aquí como lo que es: la declaración de una sola fuente anónima cercana a la operación, no como un hecho establecido. Los lectores deben ponderarla junto a los hechos más sólidos de la historia: un campamento fue bombardeado, al menos 19 cuerpos han sido contados por monitores, y ningún gobierno ha dado todavía su propia versión.
La frase más trascendente de los reportes es la más corta. "Tuvimos ayuda de la CIA y del FBI. Fue una orden de Estados Unidos", dijo la fuente militar venezolana a AFP. Si fuera cierta, significaría que agencias de inteligencia estadounidenses apoyaron directamente una operación del ejército venezolano contra un campamento guerrillero colombiano en suelo venezolano, un arreglo que difuminaría las ya enredadas líneas de la campaña estadounidense contra el narcotráfico y los grupos armados en la región.
Hay razones para tratar la afirmación con cuidado. La fuente habló en anonimato, y las fuentes militares anónimas en Venezuela han usado en el pasado a la prensa para enviar señales políticas tanto como para transmitir hechos. La afirmación también choca con la postura pública de ambos gobiernos: Washington ha presentado su campaña en Venezuela como una operación de presión y lucha contra el narcotráfico, no como operaciones conjuntas con el ejército venezolano, mientras Caracas ha presentado las acciones estadounidenses como agresión. Una operación conjunta contradiría ambas narrativas públicas a la vez.
Al mismo tiempo, la afirmación no puede descartarse sin más. Estados Unidos y Venezuela tienen una larga historia encubierta en la región, y el intercambio de inteligencia entre gobiernos públicamente hostiles no es desconocido. El ELN es además un grupo que Estados Unidos designa desde hace tiempo como organización terrorista, y sus campamentos en Apure son una preocupación compartida para Bogotá, Caracas y Washington por igual. La posición honesta, por ahora, es que la afirmación no está verificada y queda en entredicho por su ausencia en cualquier comunicado oficial, y que solo se resolverá si alguno de los gobiernos la confirma o la niega, o si surge más evidencia.
Para Colombia, el ataque plantea sus propias preguntas. La presencia del ELN en Venezuela ha sido un dolor recurrente en la política colombiana, con sucesivos gobiernos colombianos que acusan a Caracas de albergar al grupo. Un ataque del ejército venezolano contra un campamento del ELN, cualquiera que sea su patrocinio, podría leerse en Bogotá como una señal de que Caracas está dispuesto a actuar contra el grupo, o como una señal de que la guerra fronteriza está escalando de formas que Colombia no puede controlar. Ningún comunicado del gobierno colombiano sobre este ataque específico había sido reportado en el momento de redactar este artículo.
La voz más detallada en los reportes es la de Juan Francisco García, coordinador de FundaRedes en Apure y exlegislador venezolano, quien dijo a AFP el domingo: "Otros 10 cuerpos" habían sido trasladados a San Fernando al día siguiente del ataque, tras el reporte inicial de nueve muertos de la ONG. El relato de García es la base de la cifra de al menos 19, y se apoya en el traslado de los cuerpos a la capital del estado más que en una lista oficial de la morgue.
La fuente militar anónima aportó el detalle operativo y la afirmación sobre Estados Unidos. Más allá de la frase citada, la fuente dijo que el ataque tomó por sorpresa a la guerrilla y que la mayoría de los muertos eran ciudadanos venezolanos. Ese detalle, de ser preciso, subraya cuán profundamente están incrustados los campamentos fronterizos del ELN en las poblaciones locales: las personas en ellos a menudo no son combatientes colombianos que cruzaron la frontera, sino venezolanos reclutados o atraídos a la órbita del grupo en el lado venezolano.
El silencio oficial ha sido la otra reacción hasta ahora. El gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, no había emitido ningún comunicado sobre el presunto bombardeo, según Blu Radio. Ese silencio deja el campo al conteo de la ONG, a la fuente anónima y al video difundido por FundaRedes, y significa que los hechos centrales de la historia —la cifra de muertos, el objetivo y la pregunta sobre la participación estadounidense— se apoyan por ahora en fuentes no oficiales.
Este ataque importa por tres razones. Primero, es una pérdida de vidas significativa en una guerra fronteriza que suele producir víctimas de una en una o de dos en dos, no de diecinueve en diecinueve. Una sola operación que mata al menos a 19 personas es, para los estándares de la frontera de Apure, un hecho mayor, y sugiere una escalada deliberada del ejército venezolano o un campamento más grande y establecido que el escondite temporal habitual.
Segundo, la afirmación sobre Estados Unidos, si gana más apoyo, replantearía la confrontación entre Washington y Caracas. La campaña estadounidense se ha presentado hasta ahora como poder norteamericano aplicado desde el mar y el aire contra embarcaciones de droga y redes de narcotráfico. Una operación terrestre venezolana apoyada por Estados Unidos sería algo distinto: cooperación, por encubierta que sea, con el mismo ejército que Washington ha estado amenazando. Plantearía preguntas en el Congreso, en Bogotá y en Caracas sobre cuál es la verdadera estrategia estadounidense en Venezuela.
Tercero, el ataque recuerda cuán poco se sabe oficialmente sobre la guerra fronteriza. La cifra proviene de una ONG, el detalle operativo de una fuente anónima, y la afirmación sobre Estados Unidos de esa misma fuente. En una región donde los tres gobiernos tienen motivos para ocultar o manipular sus acciones, monitores independientes como FundaRedes y residentes locales en lugares como Puerto Páez son a menudo las únicas fuentes de lo que realmente ocurrió. Su trabajo merece ser reportado con sus límites expuestos con claridad, como este artículo ha intentado hacer.
Varias cosas podrían aclarar la historia en los próximos días. El gobierno interino de Venezuela podría emitir un comunicado que confirme, niegue o replantee la operación, y las autoridades forenses de San Fernando podrían publicar un recuento oficial de los cuerpos recibidos. El gobierno de Colombia podría pronunciarse sobre un ataque tan cerca de su frontera, en particular si alguno de los muertos o heridos resulta ser ciudadano colombiano o si combatientes heridos cruzaron a territorio colombiano.
Washington también podría verse presionado a responder. Si los periodistas plantean la afirmación sobre la CIA y el FBI a la Casa Blanca, al Departamento de Estado o al Pentágono, una negativa tendría peso, y una negativa a comentar dejaría la afirmación como el único relato disponible. Miembros del Congreso con supervisión sobre inteligencia y asuntos exteriores también podrían preguntar si alguna agencia estadounidense apoyó la operación y bajo qué autoridad.
Para las comunidades de Apure, la pregunta inmediata es más simple y más urgente: si seguirán más operaciones y si los civiles que viven cerca de campamentos del ELN quedarán atrapados en ellas. El campamento de Buena Vista del Meta fue descrito como ubicado en una zona boscosa lejos de centros habitados, pero las comunidades fronterizas viven con el conocimiento de que el próximo campamento, y el próximo ataque, podrían estar más cerca de casa. FundaRedes y los monitores locales estarán atentos a desplazamientos, a nuevos recuentos de cuerpos y a cualquier señal de que este ataque fue el inicio de una campaña y no una operación aislada.
Al menos 19, según FundaRedes y una fuente cercana a la operación. La ONG informó primero de nueve muertos el viernes 30 de octubre, y su coordinador en Apure dijo después a AFP el domingo 1 de noviembre que otros 10 cuerpos habían sido trasladados a San Fernando, la capital del estado. La cifra no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades venezolanas.
En Buena Vista del Meta, en el suroeste del estado Apure, Venezuela, muy cerca de la frontera con Colombia. El campamento estaba en una zona rural y boscosa lejos de centros habitados, y los cuerpos fueron llevados primero a Puerto Páez antes de ser trasladados a San Fernando.
Eso está afirmado, no confirmado. Una fuente militar venezolana anónima dijo que la operación contó con apoyo de la inteligencia estadounidense y afirmó: "Tuvimos ayuda de la CIA y del FBI. Fue una orden de Estados Unidos". Ni Washington ni Caracas habían confirmado públicamente la afirmación en el momento de los reportes.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es un grupo guerrillero colombiano que opera desde hace décadas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. FundaRedes vigila su presencia y el patrón más amplio de actividad de grupos armados en los estados fronterizos venezolanos, incluido Apure.
No. El gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, no había emitido ningún comunicado sobre el presunto bombardeo en el momento de los reportes, según Blu Radio. La historia se apoya, por tanto, en reportes de una ONG, una fuente militar anónima y un video difundido por FundaRedes.
Cobertura relacionada:
Imagen destacada: una escena ilustrativa generada de un valle fronterizo boscoso, no una fotografía del campamento mismo.