La Corte Suprema rechaza el intento de Trump sobre las papeletas de California el lunes 2 de noviembre de 2026, al desestimar el pedido de emergencia del Departamento de Justicia para obligar a California a separar las papeletas por correo de unos 20.000 votantes registrados que la administración alega que podrían no ser ciudadanos. La decisión, emitida en vísperas de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, mantiene vigentes los procedimientos electorales de California, y ningún juez manifestó públicamente su disenso.

Puntos Clave

• La Corte Suprema rechazó el 2 de noviembre el pedido de emergencia del Departamento de Justicia para obligar a California a separar papeletas de unos 20.000 votantes de una lista federal de presuntos no ciudadanos.
• Ningún juez manifestó públicamente su disenso, en una decisión emitida horas antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre.
• La administración quería que esas papeletas se apartaran y no se contaran mientras impugnaba la elegibilidad de los votantes; California sostuvo que sus propios controles ya protegen la integridad electoral.
• Los tribunales inferiores ya habían rechazado el mismo pedido: el juez David Carter el 28 de octubre y un panel dividido del Noveno Circuito el 30 de octubre.
• Es la segunda derrota importante de la administración en California el 2 de noviembre, tras la medida cautelar del juez James Boasberg contra una exigencia federal relacionada.

Qué Pasó

El Departamento de Justicia presentó su solicitud de emergencia ante la Corte Suprema el 2 de noviembre, el día antes de una elección en la que están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernaciones. La administración pidió a la Corte que ordenara a California apartar las papeletas por correo de cualquier persona incluida en una lista federal de unos 20.000 votantes registrados que, según alega, podrían no ser ciudadanos, y que impidiera que esas papeletas se contaran mientras el gobierno impugnaba su validez.

La Corte rechazó el pedido sin un disenso publicado. La breve orden significa que las papeletas en cuestión se tramitarán según los procedimientos normales de California el día de la elección, y no bajo el régimen especial de separación que buscaba la administración. No decide, por sí misma, la demanda de fondo sobre la elegibilidad de los votantes, que puede continuar por los tribunales ordinarios, pero elimina el cambio de último momento en la forma en que California cuenta los votos en esta elección.

El argumento de la administración era que, una vez mezcladas las papeletas impugnadas con las legales, ya no podrían separarse. En su presentación, el Departamento de Justicia escribió: “Una vez que California mezcla las papeletas impugnadas con las legales, no hay forma de recuperar las papeletas impugnadas”. California respondió que ya cuenta con salvaguardas para proteger la integridad electoral y que la lista federal era, en sus palabras, “altamente sospechosa”, elaborada mediante un proceso que el estado sostiene que no se ha demostrado creíble.

Antecedentes/Contexto: Cómo Llegó la Disputa a la Corte Suprema

La disputa comenzó cuando el Departamento de Justicia demandó a California en octubre, alegando que el estado impedía la aplicación de la ley federal que tipifica como delito el voto de no ciudadanos en elecciones federales. Funcionarios federales obtuvieron datos del padrón electoral de California durante el verano y elaboraron una lista, a partir de registros de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración y de Investigaciones de Seguridad Nacional, de personas que, según dijeron, podrían no ser ciudadanos. Funcionarios de California y expertos electorales cuestionaron la precisión de la lista desde el principio.

El 28 de octubre, el juez de distrito David Carter rechazó el pedido del Departamento de Justicia de una orden de restricción temporal que habría impedido contar las papeletas vinculadas a votantes de la lista federal hasta verificar su ciudadanía. Carter escribió que el gobierno no había aportado pruebas suficientes de haber usado un proceso “creíble” para crear la lista, y advirtió en términos memorables: “Nunca antes en la historia de Estados Unidos el gobierno federal, en vísperas de una elección, ha intentado coaccionar a un gobierno estatal y local para que abandone sus propios procedimientos electorales constitucionales y se someta a la voluntad del Poder Ejecutivo”.

El 30 de octubre, un panel dividido de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito también falló a favor de California, por 2-1. La corte de apelaciones dijo que obligar a California a usar la lista federal podría impedir que se emitieran votos válidos y poner en peligro la elección del condado de Los Ángeles, concluyendo: “Como concluyó el tribunal de distrito, y no discernimos un error claro, no existe una forma factible de identificar y separar las papeletas de personas específicas sin efectos potencialmente catastróficos para todo el sistema”. En disenso, el juez de circuito Patrick Bumatay calificó el pedido del gobierno de razonable y escribió: “Esta solución no cancelaría ningún voto, sino que permitiría tiempo para verificar la elegibilidad de los presuntos no ciudadanos”.

El mismo día, otro fallo en Washington apuntó en la misma dirección. El juez James Boasberg dictó una medida cautelar preliminar que prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional exigir que California separe papeletas basándose en listas federales de presuntos no ciudadanos, al resolver que California puede decidir por sí misma qué procedimientos usar para verificar la ciudadanía y que el Poder Ejecutivo carece de autoridad para imponer unilateralmente sus procedimientos preferidos. En ese caso, la corte consideró que las listas federales eran defectuosas, con muchas personas incluidas erróneamente, un hallazgo que California ha citado durante toda la disputa.

Corte Suprema Rechaza el Intento de Trump Sobre las Papeletas de California: Qué Decidieron los Jueces

La decisión de la Corte Suprema debe entenderse como una negativa de auxilio de emergencia, no como un fallo definitivo sobre si algún votante individual de la lista federal es o no ciudadano. Las solicitudes de emergencia piden a la Corte cambiar el statu quo de inmediato, antes de que se escuche el caso completo, y la Corte rechaza la mayoría de ellas. Aquí, el efecto práctico es claro: California contará sus papeletas de las elecciones intermedias según los procedimientos que ya había adoptado, y la exigencia de separación de la administración no se impondrá para esta elección.

Eso importa porque la administración había advertido a funcionarios electorales de todos los estados que podrían ser procesados si permitían a sabiendas el voto de no ciudadanos, y porque el pedido sobre California fue, en palabras de USA Today, “un intento poco común de un presidente de involucrarse en la administración de las elecciones”. La Constitución otorga a los estados y al Congreso, no al Poder Ejecutivo, la responsabilidad de regular las elecciones federales, un punto que California planteó en cada etapa y que sustentó ambas negativas de los tribunales inferiores.

Expertos en derecho electoral ya se mostraban escépticos ante la solicitud antes de que la Corte actuara. Rick Hasen, experto en derecho electoral de la Universidad de California en Los Ángeles, calificó la apelación ante la Corte Suprema como una “petición desesperada de último momento”. La orden sin firma de la Corte, sin disenso público, confirma ese escepticismo sin ofrecer una explicación escrita de su razonamiento, como es habitual en las órdenes de emergencia.

Reacciones/Declaraciones

El fiscal general de California, Rob Bonta, había sostenido antes del fallo que “no existe un fraude electoral generalizado” y que “el gobierno federal no tiene derecho a interferir en las elecciones de California”. La posición de su oficina durante todo el proceso ha sido que los controles existentes de California, incluidos sus procedimientos de registro de votantes y verificación de papeletas, son suficientes, y que la lista federal, elaborada a partir de registros migratorios, no puede identificar de forma fiable quién es y quién no es elegible para votar.

La administración, por su parte, ha sostenido que está aplicando una prohibición penal directa: los no ciudadanos no pueden votar en elecciones federales, y California está obstaculizando esa aplicación. Ese planteamiento —ley penal federal frente a administración electoral estatal— es el núcleo jurídico del caso, y es la cuestión que la demanda de fondo seguirá litigando incluso después de esta derrota de emergencia.

El lenguaje del juez Carter del 28 de octubre se ha convertido en el pasaje más citado de la disputa, y recoge por qué el caso atrajo atención nacional. Un tribunal federal nunca antes, según su valoración, había recibido el pedido, en vísperas de una elección, de coaccionar a un estado para que abandonara sus propios procedimientos electorales constitucionales. La negativa de la Corte Suprema a conceder ese pedido, horas antes de la apertura de las urnas, impide que ese precedente se establezca en esta elección.

Por Qué Importa

La decisión importa, en primer lugar, para los votantes de California. Unas 20.000 personas figuraban en la lista federal, y el pedido de la administración habría tratado sus papeletas por correo de forma distinta a la de cualquier otro votante: apartadas y potencialmente sin contar mientras se impugnaba su elegibilidad. Los tribunales inferiores advirtieron que el propio ejercicio de separación podría perturbar el recuento, en particular en el condado de Los Ángeles, una de las jurisdicciones electorales más grandes del país. La orden de la Corte Suprema elimina ese riesgo para las elecciones intermedias.

Importa, en segundo lugar, para el equilibrio de poder sobre las elecciones. El presidente Donald Trump ha intentado ampliar el papel del gobierno federal en la administración electoral y ha alegado, sin pruebas, que los no ciudadanos están influyendo en los resultados al votar ilegalmente. Una orden de la Corte Suprema que obligara a California a separar papeletas habría sido un paso significativo hacia ese papel federal ampliado. La negativa de la Corte, sin disenso público, deja intacta para este ciclo la asignación tradicional: los estados organizan las elecciones y el Congreso establece el marco.

Importa, en tercer lugar, como señal sobre los litigios electorales de último momento. Los tribunales en todos los niveles de este caso —tribunal de distrito, corte de apelaciones y ahora la Corte Suprema— se negaron a cambiar las reglas en los últimos días antes de la votación. Esa coherencia refuerza un principio que los tribunales suelen invocar cerca de las elecciones: cambiar los procedimientos en el último momento genera confusión y corre el riesgo de privar de su voto a votantes legítimos, y la carga para justificar ese cambio es muy alta.

Qué Sigue

Las papeletas de las elecciones intermedias de California se contarán según los procedimientos existentes del estado, y los resultados en las contiendas del estado —incluidas las disputadas contiendas a la Cámara que podrían ayudar a decidir el control de la cámara— se certificarán en el calendario normal, con una fecha límite de certificación el 11 de diciembre señalada en coberturas anteriores de la disputa. La demanda de fondo del Departamento de Justicia sobre la elegibilidad de los votantes puede continuar, pero cualquier auxilio adicional llegaría a través del proceso ordinario de litigio, no mediante una orden de emergencia en vísperas de la votación.

La decisión también cierra, para esta elección, la campaña de dos vías de la administración sobre las papeletas de California: la solicitud de emergencia ante la Corte Suprema y la exigencia relacionada del Departamento de Seguridad Nacional bloqueada por el juez Boasberg. Ambas han fracasado. La atención se centra ahora en los votos mismos, con resultados previstos durante la noche del martes y en los días siguientes, a medida que se procesen las papeletas por correo.

Preguntas Frecuentes

¿Qué decidió la Corte Suprema el 2 de noviembre de 2026?

La Corte rechazó el pedido de emergencia del Departamento de Justicia para obligar a California a separar las papeletas por correo de unos 20.000 votantes registrados que la administración alega que podrían no ser ciudadanos. Ningún juez manifestó públicamente su disenso.

¿Significa esto que las papeletas se contarán?

Sí, según los procedimientos existentes de California. La orden de la Corte significa que no se impondrá para esta elección el régimen especial de separación que buscaba la administración; la demanda de fondo sobre la elegibilidad puede continuar por separado.

¿Por qué los tribunales inferiores rechazaron el mismo pedido?

El juez David Carter resolvió el 28 de octubre que el gobierno no había demostrado un proceso creíble para crear su lista, y un panel dividido del Noveno Circuito resolvió el 30 de octubre que separar las papeletas podría impedir votos válidos y poner en peligro la elección del condado de Los Ángeles.

¿Qué fue el fallo separado del juez Boasberg?

El 2 de noviembre, el juez James Boasberg dictó una medida cautelar preliminar que prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional exigir que California separe papeletas basándose en listas federales de presuntos no ciudadanos, al considerar las listas defectuosas y al Poder Ejecutivo sin autoridad para imponer sus procedimientos preferidos.

¿Qué sigue en California?

Las papeletas se contarán y certificarán en el calendario normal. El pedido de emergencia de la administración ha fracasado, y cualquier impugnación adicional a la elegibilidad de votantes individuales seguiría el litigio ordinario, no una orden de último momento.

Cobertura relacionada: El juez Boasberg bloquea la exigencia de Trump de separar las papeletas de California, Encuesta final de NBC News: demócratas lideran 52-45 y Trump llega al 60% de desaprobación y El-Sayed recauda $2.4 millones en un día tras el apoyo de Stevens a Rogers en Michigan.