
El representante Jamie Raskin, de Maryland, está a punto de presidir el Comité Judicial de la Cámara cuando los demócratas tomen el control de la Cámara en enero de 2027. Que Raskin presida el Comité Judicial daría al demócrata de Maryland uno de los puestos de supervisión más poderosos del Congreso.
La advertencia llegó en MS NOW la noche del miércoles 4 de noviembre, dos días después de que los demócratas arrasaran en ambas cámaras en las elecciones de mitad de período. Raskin dijo que firmas como Paul Weiss «capitularon ante estas tácticas coercitivas» y «se rindieron e hicieron todo tipo de concesiones escandalosas».
Raskin compareció en MS NOW para hablar de la supervisión demócrata del gobierno de Trump; es el candidato esperado para presidir el Comité Judicial cuando se reúna el nuevo Congreso en enero. El comité supervisa el Departamento de Justicia, el FBI, los tribunales federales, la inmigración y los derechos civiles.
Sus palabras más duras fueron para los bufetes que llegaron a acuerdos con Trump después de que los atacara con órdenes ejecutivas. Paul Weiss estuvo entre las firmas señaladas. La orden ejecutiva de Trump apuntó al bufete por el trabajo de Mark Pomerantz, exfiscal que supervisó la investigación de la Fiscalía de Manhattan sobre los presuntos delitos financieros de Trump. En lugar de impugnar la orden en los tribunales, el bufete llegó a un acuerdo con el gobierno.
La confrontación entre el gobierno de Trump y los principales bufetes del país se gestó desde que el presidente regresó al cargo. En varias órdenes ejecutivas, Trump atacó a firmas a las que acusó de trabajar contra sus intereses, retirándoles autorizaciones, restringiendo su acceso a edificios federales y amenazando sus contratos. Algunas firmas se defendieron en los tribunales y ganaron. Otras, como Paul Weiss, optaron por negociar.
El caso de Paul Weiss fue el acuerdo más seguido. Su vinculación con Mark Pomerantz lo convirtió en un objetivo particular del presidente, y el acuerdo generó feroces críticas en la profesión jurídica, donde muchos abogados dijeron que el pacto solo invitaría a más presiones.
Un comité dirigido por Raskin rompería con los últimos dos años, cuando el panel acogió las investigaciones republicanas contra el gobierno de Biden. El demócrata de Maryland ya ha esbozado su agenda, que alcanza las áreas más sensibles de la presidencia: los indultos, que según sus críticos ha usado para recompensar a aliados; la contratación pública y sus conflictos de intereses; y los pagos de gobiernos extranjeros, que la Constitución prohíbe aceptar a los funcionarios federales.
Raskin dijo a Capital News Service que el gobierno «ha contaminado todos los aspectos del gobierno federal, y vamos a arrojar luz sobre ello». Al avisar a Paul Weiss y a otros antes de tener la presidencia, Raskin señala que el comité tratará los acuerdos como un asunto legítimo de investigación del Congreso, no como acuerdos privados fuera del escrutinio.
Las palabras de Raskin marcaron el tono de la próxima batalla de supervisión. Sobre los bufetes, dijo que «capitularon ante estas tácticas coercitivas» y «se rindieron e hicieron todo tipo de concesiones escandalosas». El lenguaje fue deliberado: capitulación y rendición, no negociación, presentando a las firmas como si hubieran cedido ante la presión.
La respuesta republicana llegó rápidamente. Steve Scalise, líder de la mayoría de la Cámara, advirtió en una carta el jueves 5 de noviembre que los demócratas preparan «innumerables cacerías de brujas» y pidió a los presidentes de comité que mapeen las probables investigaciones. La expresión es habitual en las críticas republicanas, lo que indica que el partido atacará las investigaciones como partidistas.
La advertencia importa en primer lugar por el poder que la respalda. El Comité Judicial supervisa el Departamento de Justicia, el FBI y los tribunales federales, y su presidente controla una de las herramientas de investigación más potentes del Congreso: la citación. Un presidente que ya ha nombrado a sus objetivos antes de asumir el cargo pretende actuar rápido.
Importa también por la relación entre la presidencia y la profesión jurídica: las firmas pactaron con Trump bajo la amenaza de perder autorizaciones, contratos y acceso. Si el Congreso puede obligarlas a explicar esos acuerdos bajo juramento, se pondrá a prueba si las firmas privadas deben rendir cuentas por acuerdos alcanzados bajo presión presidencial. Tercero, el momento: los demócratas toman las presidencias mientras el gobierno enfrenta presiones en varios frentes.
Los demócratas tomarán formalmente el control de la Cámara en enero de 2027, cuando se reúna el nuevo Congreso y se nombren los presidentes de comité. Se espera que su ascenso se confirme entonces.
Las citaciones a los bufetes estarían entre los primeros pasos del comité, y Raskin no ha dado indicios de que pretenda esperar. Seguirán audiencias sobre indultos, contratación y pagos extranjeros, y exigencias de documentos al Departamento de Justicia y a otras agencias. Los republicanos ya se preparan: la carta de Scalise sugiere que el partido presentará cada investigación como un ataque partidista. Para los bufetes, el mensaje es claro: los acuerdos les dieron alivio frente a las órdenes del presidente, pero no les compraron, a juicio de Raskin, el silencio.
Jamie Raskin es un representante demócrata de Maryland y actual miembro de mayor rango del comité. Fue el jefe de los fiscales en el segundo juicio político de Trump.
Cuando los demócratas tomen la mayoría de la Cámara en enero de 2027, tras su victoria del 3 de noviembre de 2026.
A los bufetes que pactaron con el presidente Trump, entre ellos Paul Weiss, que deben esperar citaciones bajo control demócrata.
Por el trabajo de Mark Pomerantz, exfiscal que supervisó la investigación de la Fiscalía de Manhattan sobre los presuntos delitos financieros de Trump.
Los indultos de Trump, la contratación pública y los pagos de gobiernos extranjeros. Dijo a Capital News Service que el gobierno ha «contaminado todos los aspectos del gobierno federal».
Cobertura relacionada: Los demócratas exigen un fiscal especial por los vínculos de Trump con Epstein, El tribunal rechaza apartar 20.000 votos por correo en California y El Departamento de Justicia acusa por tercera vez a James Comey.