Cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos están a punto de recuperar la protección contra la deportación y el derecho a trabajar el 6 de noviembre de 2026, después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito se negara a mantener suspendido su Estatus de Protección Temporal. La orden de una página, emitida el viernes 30 de octubre de 2026, rechazó la solicitud de la administración Trump de suspender el caso National TPS Alliance v. Mullin, dejando a la Corte Suprema como el último recurso del gobierno antes de que las protecciones regresen. La decisión no pone fin a la disputa legal de fondo, pero fija un plazo firme: a menos que los jueces intervengan antes, la orden de un tribunal de distrito que bloquea la terminación del TPS venezolano entrará en vigor cuando expire la suspensión de la Corte Suprema el 6 de noviembre.
La orden del Noveno Circuito es breve — una sola página — pero su efecto práctico es enorme. "We DENY the Government's motion" (Rechazamos la moción del gobierno), escribió el panel, al denegar tanto la solicitud de suspensión mientras se resuelve la apelación como la petición alternativa de al menos tres semanas más de pausa administrativa. La orden, en el caso número 25-5724, también promete una orden separada que fijará un calendario acelerado de escritos sobre el fondo, de modo que las cuestiones legales más profundas se debatirán con rapidez mientras se acerca el 6 de noviembre.
El momento es lo que hace consecuente la orden. La suspensión propia de la Corte Suprema sobre la orden del tribunal de distrito expira cuando se emita su mandato el 6 de noviembre. El gobierno había pedido al Noveno Circuito que dictara una nueva suspensión que entrara en vigor exactamente en ese momento. Al negarse, el tribunal de apelaciones despejó el camino para que volviera a operar la orden del juez de distrito Edward Chen del 5 de septiembre de 2025. Esa orden había concluido que Noem excedió su autoridad cuando deshizo una prórroga del TPS concedida a Venezuela y terminó la designación del país.
Bloomberg Law informó primero sobre la decisión el 30 de octubre, y la National TPS Alliance, uno de los grupos demandantes, la confirmó el mismo día, afirmando que la decisión "podría restaurar las protecciones del Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de titulares venezolanos del TPS". Hasta el sábado 31 de octubre, la página de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para el TPS de Venezuela aún no se había actualizado para reflejar la decisión, un vacío que los abogados señalaron para trabajadores y empleadores que esperan orientación oficial.
El Estatus de Protección Temporal es un programa humanitario establecido por ley bajo el cual el secretario de Seguridad Nacional puede designar países que atraviesan conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias, permitiendo que sus nacionales que ya están en Estados Unidos permanezcan y trabajen temporalmente. No otorga por sí mismo la residencia permanente. Venezuela fue designada por primera vez en 2021, y el programa ha cubierto a aproximadamente 600.000 venezolanos, según un escrito amicus del Congreso presentado en el caso el año pasado.
La disputa actual se remonta a principios de 2025, cuando la entonces secretaria Kristi Noem anuló una prórroga de enero de 2025 del TPS de Venezuela y terminó la designación de 2023. Un aviso del Departamento de Seguridad Nacional publicado el 5 de febrero de 2025 fijó esa terminación para el 7 de abril de 2025 y estimó que 348.202 personas estaban registradas solo bajo la designación de 2023. El 5 de septiembre de 2025, el juez Chen dictaminó que Noem había excedido su autoridad legal. La Corte Suprema suspendió entonces esa decisión en su expediente de emergencia el 3 de octubre de 2025, sin explicación, lo que permitió que la terminación entrara en vigor.
El panorama legal cambió de nuevo en 2026. El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema decidió Mullin v. Doe por 6 votos contra 3, sosteniendo que la ley del TPS impide la revisión judicial de reclamos no constitucionales contra las decisiones del secretario sobre designación, prórroga y terminación. El 5 de octubre de 2026, el tribunal anuló un fallo anterior del Noveno Circuito en el caso de Venezuela y lo devolvió para una nueva consideración a la luz de Mullin v. Doe. El gobierno argumentó entonces que esa decisión sacaba el caso de las manos de los tribunales federales. Los demandantes respondieron que los tribunales conservan la autoridad para considerar si las órdenes de la secretaria relacionadas con Venezuela excedieron su autoridad bajo la ley, precisamente la cuestión que el juez Chen decidió a su favor.
El caso lleva ahora el nombre del secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, quien sucedió a Noem en el cargo el 24 de marzo de 2026. El papel de Noem en la disputa ha atraído atención separada en las últimas semanas, pero el caso del TPS gira sobre las órdenes de terminación de 2025, no sobre esas controversias posteriores.
Para los titulares venezolanos del TPS, el 6 de noviembre no es un plazo judicial abstracto: es el día en que su situación legal podría cambiar de la noche a la mañana. Si nada interviene, las preguntas prácticas llegarán rápido. La orden del Noveno Circuito no dice qué documentos contarán como prueba del estatus restaurado ni cómo los titulares lo demostrarán ante sus empleadores. En rondas anteriores de litigios sobre el TPS, esos detalles llegaron a través de avisos en el sitio web de USCIS, y los abogados de inmigración recomiendan a trabajadores y empleadores estar atentos a ese aviso antes del 6 de noviembre, y a cualquier presentación de emergencia ante la Corte Suprema.
Los defensores afirman que las consecuencias del periodo intermedio ya son visibles en el expediente ante el tribunal. Las pruebas presentadas ante el Noveno Circuito incluyeron declaraciones de titulares venezolanos del TPS que describieron los daños sufridos después de que la terminación entrara en vigor, incluidas detenciones, deportaciones y separaciones de sus hijos estadounidenses. La National TPS Alliance afirmó que desde que la Corte Suprema suspendió las protecciones del tribunal de distrito, miles de titulares venezolanos del TPS han sido detenidos, deportados e incluso asesinados, y algunos han sido enviados a terceros países con los que no tenían ninguna conexión previa.
Una declaración fue la de Carlos Sanchez Villa, quien dijo: "I was deported to Liberia after I lost my TPS status. I had no prior connection to Liberia or anywhere else in Africa. It felt like something out of a horror movie, but unfortunately, for me it was real" (Me deportaron a Liberia después de perder mi estatus TPS. No tenía ninguna conexión previa con Liberia ni con ningún otro lugar de África. Parecía algo sacado de una película de terror, pero lamentablemente para mí era real). Otra, de Rita di Peri Castellano, describió haber sido deportada a México, subida a un autobús, conducida por todo el país y abandonada en la calle en una ciudad cerca de la frontera con Guatemala, sin refugio ni asistencia. Esos relatos, argumentan los demandantes, muestran por qué una suspensión durante la apelación habría prolongado un daño concreto mientras se decide el fondo.
Jose Palma, coordinador de la National TPS Alliance, celebró la decisión en un comunicado: "In the face of this administration's brutal assault, today's victory renews our strength to fight for the rights won by previous generations of immigrants: to be able to live and work without fear in the place we call home" (Frente al brutal ataque de esta administración, la victoria de hoy renueva nuestra fuerza para luchar por los derechos ganados por generaciones anteriores de inmigrantes: poder vivir y trabajar sin miedo en el lugar que llamamos hogar).
Jessica Bansal, abogada del TPS en la National Day Laborer Organizing Network y abogada de los demandantes, dijo: "Secretary Noem's illegal termination of Venezuela's TPS stripped over half a million refugees of lawful immigration status and devastated the Venezuelan migrant community. Today, federal courts refused the administration's invitation to close their eyes to her lawlessness" (La terminación ilegal del TPS de Venezuela por parte de la secretaria Noem despojó a más de medio millón de refugiados de su estatus migratorio legal y devastó a la comunidad migrante venezolana. Hoy, los tribunales federales rechazaron la invitación de la administración a cerrar los ojos ante su ilegalidad).
Emi MacLean, abogada principal de la ACLU del Norte de California, dijo: "The Trump administration has waged a xenophobic attack on immigrants, targeting TPS holders from day one in the largest de-documentation campaign in this country's history. The district court recognized that this administration cannot exercise authority it does not have. This country was built on checks and balances; that court order must mean something" (La administración Trump ha librado un ataque xenófobo contra los inmigrantes, atacando a los titulares del TPS desde el primer día en la mayor campaña de desdocumentación en la historia de este país. El tribunal de distrito reconoció que esta administración no puede ejercer una autoridad que no tiene. Este país se construyó sobre controles y equilibrios; esa orden judicial debe significar algo).
Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector de la facultad del Centro Miñana de Derecho Migratorio de UCLA, dijo: "The Trump administration bears substantial responsibility for the untold horrors that Venezuelan refugees have suffered over the last 18 months. But its unlawful conduct has only been possible because of the Supreme Court's unexplained 'shadow docket' orders. We hope the Administration will see the error of its ways, and, if not, that the Supreme Court will uphold the rule of law by leaving the district court's thorough decision undisturbed" (La administración Trump tiene una responsabilidad sustancial por los horrores no contados que los refugiados venezolanos han sufrido en los últimos 18 meses. Pero su conducta ilegal solo ha sido posible por las órdenes inexplicadas de la Corte Suprema en su expediente de emergencia. Esperamos que la Administración vea su error y, si no, que la Corte Suprema defienda el estado de derecho dejando intacta la exhaustiva decisión del tribunal de distrito).
La administración no ha anunciado públicamente si presentará una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema antes del 6 de noviembre. La abogada de inmigración Khatia Quiros advirtió en comentarios posteriores a la decisión que esta no es definitiva por esa razón, y que el TPS aún no ha sido restaurado hasta que la suspensión expire sin más intervención.
La decisión importa en tres niveles a la vez. Para las personas directamente afectadas, es la diferencia entre el trabajo legal y la posibilidad de deportación para cientos de miles de venezolanos, muchos de los cuales llevan años viviendo en Estados Unidos y tienen hijos, empleos y hogares estadounidenses. Para los empleadores, en particular en estados con grandes comunidades venezolanas como Florida y Texas, determina si los trabajadores que emplean podrán seguir trabajando legalmente después del 6 de noviembre, y qué documentos deberán aceptar como prueba.
Legalmente, el caso es una prueba de hasta dónde llega Mullin v. Doe. Si el fallo de junio de la Corte Suprema impide que los tribunales revisen las terminaciones del TPS salvo por motivos constitucionales, el argumento del gobierno aún podría prevalecer en el fondo, aunque haya perdido esta batalla por la suspensión. Si, en cambio, los tribunales pueden seguir controlando si un secretario excedió su autoridad legal, la decisión de 2025 del juez Chen podría sobrevivir y la terminación podría caer por completo. La tramitación acelerada del fondo en el Noveno Circuito obligará a que esa cuestión salga a la luz, en lugar de dejar que una suspensión la decida por defecto.
Políticamente, el momento llega días antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en una campaña en la que la inmigración, el costo de vida y la dirección de la administración Trump han sido temas centrales. El programa más amplio de control migratorio de la administración — incluidas sus recientes medidas sobre viajes sin visa a las Islas Marianas del Norte y sus exigencias relacionadas con las boletas a los estados — ya ha sido objeto de una serie de disputas judiciales este otoño, y la decisión sobre el TPS añade una derrota destacada, al menos por ahora, a ese historial. Los lectores que siguen esas disputas paralelas pueden ver cómo los tribunales las han tratado en nuestra cobertura anterior sobre la suspensión de los viajes sin visa para ciudadanos chinos a las Islas Marianas del Norte y la gestión de la Corte Suprema de los pagos SNAP durante el cierre del gobierno.
Tres fechas rigen ahora la historia. Primero, antes del 6 de noviembre, el gobierno puede presentar una solicitud de emergencia pidiendo a la Corte Suprema que prorrogue su pausa. El tribunal ya ha intervenido antes en este litigio, suspendiendo dos veces las órdenes del juez Chen, por lo que no se puede descartar una solicitud. Segundo, el propio 6 de noviembre, la suspensión de la Corte Suprema expira y la orden del tribunal inferior entra en vigor a menos que los jueces actúen antes, el momento en que las protecciones regresarían formalmente. Tercero, en un calendario acelerado aún por fijar, el Noveno Circuito escuchará la apelación completa sobre el fondo, donde se debatirá en profundidad el alcance de Mullin v. Doe.
Entre ahora y el 6 de noviembre, los puntos prácticos a vigilar son un aviso de USCIS que explique cómo se documentará el estatus restaurado, cualquier presentación del gobierno ante la Corte Suprema y las declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional sobre cómo aplicará la orden del tribunal de distrito si entra en vigor. Los empleadores y los titulares no deben suponer que una orden judicial por sí sola resuelve las cuestiones de documentación: en restauraciones anteriores del TPS, el aviso de implementación ha sido el documento que determinó qué podían mostrar los trabajadores al ser contratados y al renovar.
Si la Corte Suprema prorroga la pausa, continúa la situación del último año mientras la apelación sobre el fondo sigue su curso, y el 6 de noviembre se convierte en un punto de inflexión perdido en lugar de una restauración. Si no lo hace, el 6 de noviembre se convierte en el día en que cientos de miles de venezolanos despiertan de nuevo con estatus legal, y el día en que la administración debe decidir si sigue luchando contra la terminación en el Noveno Circuito o acepta una restauración a la que se ha resistido durante casi dos años.
El TPS es un estatus migratorio temporal otorgado a nacionales de países designados que atraviesan conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias. Protege a los titulares contra la deportación y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos mientras dure la designación, pero no otorga la residencia permanente ni un camino a la ciudadanía por sí solo.
No con seguridad. Las protecciones regresan el 6 de noviembre a menos que la Corte Suprema intervenga antes. El gobierno puede pedir a los jueces una suspensión de emergencia antes de esa fecha, y el tribunal ya ha suspendido dos veces la orden del tribunal de distrito en este caso.
Las estimaciones varían según la designación. El programa TPS de Venezuela ha cubierto aproximadamente a 600.000 personas en total, según un escrito amicus del Congreso, mientras que la designación de 2023 por sí sola tenía unos 348.202 titulares registrados cuando se anunció su terminación en febrero de 2025. Los abogados de los demandantes afirman que más de medio millón de personas perdieron su estatus legal después de que la terminación entrara en vigor.
No. La orden del 30 de octubre solo se negó a mantener suspendida la orden del tribunal de distrito mientras avanza la apelación. La cuestión de fondo — si la exsecretaria Noem excedió su autoridad — se decidirá sobre el fondo, en un calendario acelerado que el tribunal aún debe fijar.
Estar atentos a un aviso de USCIS antes del 6 de noviembre que explique qué documentos probarán el estatus restaurado, y a cualquier presentación del gobierno ante la Corte Suprema. Los titulares deben conservar todos los documentos relacionados con el TPS, y los empleadores deben seguir la orientación oficial de USCIS en lugar de basarse solo en informes de prensa al verificar la autorización de trabajo.
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